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La nueva dictadura bacheletista se perfecciona: sigue sembrando represión y cosecha nuevos asesinatos, allanamientos y amedrentamientos para el pueblo.
Ana Tania Toro | Centro de estudios Francisco Bilbao Represión en la dictadura bacheletista. La nueva dictadura bacheletista se perfecciona: sigue sembrando represión y cosecha nuevos asesinatos, allanamientos y amedrentamientos para el pueblo. Ana Tania Toro | Centro de estudios Francisco Bilbao 3 hechos puntuales: 1.- 15 de agosto 2009, allanamiento “voluntario” a viviendas de dirigentes sindicales Ricardo Casas, Jaime Bustamante, el asesor de los pescadores artesanales de Aysén Héctor Kohl (biólogo marino) y Paulo Rojas (asistente social), sospechosos de la autoría intelectual del atentado incendiario a SalmónChile, una de las “salmoneras asquerosas” que han quedado en evidencia como una industria de destrucción masiva del medio ambiente, no sólo por la cantidad de basura que arroja al mar, el sacrificio de peces para alimentar a los elegantes salmones, también por el indiscriminado uso de antibióticos dañinos para la salud, y por si esto fuera poco, arrebata el sustento a los pescadores artesanales. Como sospechosos de la ejecución de tal incendio, Alejandro Triviño, Pedro Guerrero, Francisco Mancilla y Cristian Espinoza, pertenecientes al grupo Juventudes Libertarias, de Puerto Montt. Un nuevo montaje del Estado. Un nuevo montaje de la Concertación. El mismo fiscal se apersonó para ejecutar estos hechos. Cabe destacar que sólo contaban con una orden de allanamiento, y se realizaron 8. En esta oportunidad se incautaron computadores, libros, pendrives, celulares, lienzos e inclusive poleras, discos y películas. Como en los mejores tiempos de la dictadura pinochetista, esta nueva dictadura ocupa los mismos medios represivos y hasta copia los modelos de allanamientos. Es ahora prohibido tener poleras del subcomandante Marcos o alusivas a la situación represiva de los mapuche. Hay literatura incautada ¿prohibida?, ¿censurada? y tal vez, quemada en los próximos días por el gobierno de la Sra. Bachelet. Tal como en la dictadura pinochetista, la dictadura Bacheletista allana, reprime, intimida, incauta libros “peligrosos” sólo falta que se realicen las tristemente recordadas quemas de libros no sólo “peligrosos”, sino en otros idiomas, tal vez podían decir algo que no llegaban a entender estas bestias verdes, enciclopedias, libros de arte: el dadaísmo o el cubismo podían ser mortales... Las cintas de la cineasta y documentalista Elena Varela ¿Habrán corrido esa suerte? ¿Quién responde por este atentado contra los derechos humanos de estos compañeros? ¿Ha habido alguien que escuche las conferencias de prensa de los compañeros y que tome medidas legales al respecto de esta arbitrariedad? ¿Con qué premura ha actuado o actuará el gobierno? 2.- 12 de agosto de 2009: Persecución de comuneros mapuche termina con el asesinato de Jaime Mendoza Collío cobardemente de un balazo por la espalda. El carabinero ejecutor del disparo declara legítima defensa. La institución lo respalda. Dudan de los peritajes médico legales, solicitan nueva investigación ya que la primera arrojó que Mendoza Collío no tenía pólvora en sus manos, el nunca disparó. Acá no valen testigos, ni estudios o peritajes. La institución habla, exige y es escuchada. Los familiares y compañeros de Jaime Mendoza Collío, hablan, exigen pero no son escuchados, sus relatos son puestos en duda y las manifestaciones de apoyo son reprimidas con todo el peso de la Ley, y a pesar de haber muerto en un “enfrentamiento” peculiar, por la espalda, sin haber disparado ni una bala, aun se insiste en la tesis de la institución sobre la legítima defensa. Finalmente, al parecer el carabinero sería procesado por lesiones graves con resultado de muerte. Lesiones Graves, un disparo cobarde, certero por la espalda y después de muerto, golpeado por los mismos esbirros, como se evidenció en la autopsia. Esas son lesiones graves con resultado de muerte. No es lo mismo que asesinato, no son los mismos tratos, no es la misma pena. No hay un actuar rápido, se verifican una y otra vez los hechos para ver si da el tiempo de establecer un montaje y librar de culpa al culpable consumado. No hay interés en la resolución de este u otros casos. ¿Cuántos años le darán a este asesino que según las leyes no asesinó, sino que lesionó gravemente y por esto falleció? En una interesante recopilación, el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, hace el siguiente resumen: En 13 años (de 1991 a 2007) de esta nueva “Pacificación de la Araucanía”, esta vez perpetrada por carabineros en vez del ejército, como ocurrió a fines del siglo XIX, hubo: *80 violentos desalojos de tierras ocupadas por mapuches, con 752 detenidos; * 21 allanamientos de comunidades, con 89 detenidos y dos asesinatos; * 19 represiones de manifestaciones pacíficas, con 320 detenidos y 37 heridos; * 10 enfrentamientos: 30 mapuches y 17 carabineros lesionados; 30 detenidos; * 10 desalojos de oficinas y otros edificios, con 122 detenidos y 7 heridos; * 1 ataque con balas de guerra: 10 heridos; * 2 allanamientos a sedes de mapuches, con 125 detenidos. Habría que completar todo el represivo 2008, incluyendo el asesinato, de Matías Catrileo, la inducción a la muerte de Johnny Cariqueo y lo que va de 2009. 3.- 11 de septiembre de 2007, en Pudahuel, murió el Cabo Cristian Vera. Inmediata y diligentemente comenzaron las investigaciones. Esto si amerita rapidez y poner toda la institución a disposición. Un uniformado vale más que un comunero, que un trabajador, vale más que un pueblo. Un uniformado es avalado por el gobierno, el pueblo no. El gobierno criminaliza, tortura y persigue a quien ose maltratar a un funcionario. El fiscal a cargo de la investigación fue Roberto Reveco, ex CNI, torturador del Cuartel Borgoño, durante la dictadura militar. Como autor del disparo fue acusado Eduardo Espinoza Bórquez de 18 años de edad, con antecedentes por delitos relacionados con drogas. Increíblemente rápido fue el procedimiento, y fue tan rápido como sospechoso e incongruente: En las primeras declaraciones a la prensa por parte de la policía, se dijo que se trataba de un arma de grueso calibre, El mercurio especuló que podía tratarse de armamento introducido a Chile durante la dictadura, por parte del Partido Comunista. Esto fue descartado. En uno de los muchos allanamientos realizados en la zona y cerca de donde cayó el Cabo Vera, fue encontrado un casquillo de 9 mm que se relacionó con un arma encontrada en una de las viviendas allanadas. Sin embargo estudios realizados por balística y las declaraciones de una de las médicas que atendió al Cabo, verificaban que una bala 9 mm, disparada a la distancia de 72 m, y habiendo atravesado un escudo,(tal como se estableció en la reconstrucción) no era capaz de causar tal daño, pero ya la policía tenía una confesión y de ahí a la culpabilidad juzgada, no hay nada. Se discutió mucho la probabilidad de que hubiera disparado otro carabinero, sin embargo, Bernales, el cremado General, históricamente, negó que se utilizaran balas de verdad. Pero habían antecedntes. Curiosamente el 11 de septiembre de 2005, Cristián Castillo Díaz, un manifestante, fue asesinado por una bala calibre 38. La autoría de tal disparo, la confesó un año después el carabinero Daniel Cabrera de la 43 comisaría de Peñalolén. También confesó que disparó con un arma que había comprado en el mercado negro y que era muy habitual que los carabineros utilizaran este tipo de armas en las manifestaciones. ¿Dónde está la investigación de estas declaraciones? Había antecedentes suficientes para pensar que la bala que mató al Cabo Vera fue una de sus mismos colegas de la represión, pero esto, nunca fue evaluado. Es más beneficioso que un “delincuente con antecedentes” sea el protagonista de las manifestaciones de aquel 11 de septiembre. Así queda registrado que las manifestaciones están llenas de “lumpen” y de gente que “ni siquiera había nacido” en dictadura. Así pierde legitimidad la protesta, la manifestación de un pueblo en una fecha histórica. Declaraciones vergonzosas abundaron esos días: Bachelet sostuvo que: “Es inaceptable que en una fecha que tiene un sentido para los chilenos de mirar cómo somos capaces de vivir en democracia y seguir construyendo un país más justo, pero a la vez más democrático, haya actos de violencia, de matonaje y de pillaje como hemos visto”. Guillermo Teillier, complaciente con el gobierno: “nosotros no buscamos ese tipo de confrontaciones ni hemos llamado a eso”. Respecto a la muerte de Vera, Teillier sostuvo: “Los compañeros de Lebu conocen a su familia y van a asistir a sus funerales”. Sebastián Piñera, “en nuestro futuro gobierno el que atente contra un carabinero con armas de fuego, con bombas molotov, lo vamos a perseguir hasta el fin del mundo para que asuma su responsabilidad ante la justicia”. Ex ministro Velasco, "lo del día 11 en la noche deja enseñanzas: Hay que aplicar labores de inteligencia en mayor cantidad y hay que reforzar a Carabineros, que es una gran, pero gran institución". Para terminar, en los funerales, Bachelet dice “Cada uno debe realizar sus tareas: la familia, la justicia, el Ejecutivo. No puede haber impunidad, . Si hay impunidad, justamente lo que estamos dando como señal es que no importa”. Esto queda demostrado: Sigue la impunidad cuando los muertos son del pueblo, esos son los muertos que no le importan ni a Bachelet ni a su gobierno. Esos crímenes siguen impunes. Hay una diferencia muy grande entre este caso y los anteriormente nombrados. Los compañeros nombrados primero, además de Alex Lemún, Rodrigo Cisternas, Claudia López, Daniel Menco y tantos más, fueron víctimas del accionar de carabineros amparados bajo este sistema fascista implementado por la concertación. Vera no fue una víctima, en ningún sentido de la palabra. Voluntariamente ingreso a la Institución, dentro de sus “labores cotidianas” estaba el golpear, amedrentar, e incluso disparar. Y disparó probablemente no sólo en esa manifestación. El decidió formar parte del pseudoejército aburguesado conformado por carabineros de chile. La siniestra historia de Carabineros de Chile, escrita por Iván Ljubetic, narra que “desde 1981, la CNI comenzó a ceder cada vez más tarea represiva a esta institución. En 1983 de 309 casos registrados en Santiago, carabineros participó en 150. El traspaso de estas funciones de CNI a carabineros se expresó también en los cambios de lugar de torturas. En 99 casos se practicaron en Comisarías; en 24 en buses policiales y Comisarías; en 27, en la vía pública.” Este proceder se ha mantenido en los gobiernos Concertacionistas, y sobre todo, también se ha mantenido la impunidad. Los años de dictadura no acabaron con la sed de sangre de estos esbirros del Estado. La concertación creó el terreno ideal para que siguieran ejerciendo. El pueblo, su cultura, sus expresiones siguen siendo avasalladas por el estado represivo policial imperante en Chile. Los mapuche, los trabajadores, los estudiantes, los artistas, los pescadores, sindicalistas han sido violentamente reprimidos durante esta dictadura concertacionista disfrazada de democracia. La fuerza represiva del gobierno se refleja en las leyes dictadas, en los procederes. Adquisición de armas no letales especializadas, vehículos represivos ultra modernos, allanamientos, persecución, censura, intervenciones de correos y teléfonos, militarización en la Araucanía. Todo esto en la más absoluta impunidad, amparado y justificado por el gobierno. En Chile, hay un estado de derecho que sólo favorece a los empresarios dueños de Chile, amparado por la legalidad ilegítima sostenida por la Constitución de 1980 que da paso a esta Democracia Representativa , representativa si, de los intereses del imperio, de los empresarios. No hay ninguna participación efectiva del pueblo en las decisiones tomadas por el gobierno. La mejor manera de mantener el poder es a través de la represión, la represión ante las justas demandas de un pueblo oprimido. No es suficiente ya la represión ejercida desde la explotación del pueblo, es necesaria más represión, tiene que quedar claro quien manda. |
