Trabajadores en estado de alerta
Un mayoritario respaldo recibió este martes en Chile el programa de estímulo económico de 4.000 millones de dólares anunciado en la víspera por la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, los trabajadores están en estado de alerta por la cantidad de despidos en curso.
"El paquete de medidas es necesario, pero bastante menos de lo que se necesita" para paliar los efectos de la crisis económica mundial, dijo a IPS Carmen Espinoza, presidenta del no gubernamental Programa de Economía del Trabajo (PET) y secretaria general de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Para Espinoza, el plan gubernamental no se hace cargo de la protección de los derechos laborales de los trabajadores, cuya vulnerabilidad se acentúa en periodos de crisis. "Al gobierno le hace falta conversar más con las organizaciones de los trabajadores y de las pequeñas y micro empresas", indicó.
La alarma la encendió el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre pasado, que registró un aumento de sólo 0,1 por ciento, según lo informado el lunes por el Banco Central de Chile.
Aunque algunos analistas llamaron a la calma, la reacción del gobierno centroizquierdista no se hizo esperar. A las 21.00 horas local de la víspera, Bachelet anunció en cadena nacional 11 medidas, cuyo financiamiento implicará llevar a cero este año la meta del superávit estructural de 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) seguida hasta ahora por las autoridades.
La mayoría de los economistas consultados saludó la magnitud de la iniciativa, no obstante, algunos manifestaron su preocupación respecto al déficit fiscal efectivo de 2,9 por ciento del PIB de 2009 que implicará el paquete, el cual se financiará principalmente con los ahorros derivados de las exportaciones del cobre de los últimos años.
Este martes, el mundo político también valoró los anuncios de Bachelet, aunque representantes de la alianza opositora de derecha y también del Partido Comunista lo estimaron "tardío". Los dirigentes empresariales, en tanto, calificaron las disposiciones de "acertadas", "oportunas" y "bien enfocadas".
"Enfrentar esta crisis internacional será la prioridad de mi gobierno este año", dijo la jefa de Estado, de la Concertación de Partidos Por la Democracia y que finalizará su mandato el 11 de marzo de 2010.
El plan busca crear las condiciones para alcanzar un crecimiento económico de entre dos y tres por ciento en 2009, explicó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
Entre las medidas, se destaca el desembolso de 700 millones de dólares para obras de infraestructura, lo que elevará de 5,7 por ciento a 10,7 por ciento el gasto público este año. Con la pavimentación de calles, remodelación de liceos, la construcción de consultorios, mejoramiento de estadios y expansión de programas de vivienda, el gobierno espera crear 100.000 nuevos empleos, directa e indirectamente.
En marzo, el Poder Ejecutivo entregará un bono de 40.000 pesos (62 dólares) por carga familiar a más de 1,7 millones de hogares, pertenecientes a 40 por ciento más pobre del país.
Además, se eliminará el impuesto de timbres y estampillas para todas las operaciones de crédito de la empresas en 2009 y se reducirá en el primer semestre de 2010. Con ello, el Estado dejará de percibir 628 millones de dólares.
Durante este año también se disminuirá 15 por ciento los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) que efectúan las pequeñas y medianas empresas por concepto de impuesto a la renta, así como siete por ciento de los PPM que cancelan las empresas de mayor tamaño.
Por otra parte, habrá un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de 41 millones de dólares, se incrementará transitoriamente el subsidio a la reforestación para generar fuentes de empleo en ese sector y se facilitará el uso de las franquicias tributarias para cursos de capacitación.
Asimismo, se adelantará para la segunda mitad de este año la devolución de impuestos 2010 a las personas, lo cual le significará al fisco desembolsar 220 millones de dólares. Bachelet también anunció el envío al parlamento de un proyecto que crea un subsidio para incentivar la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años con sueldos bajos.
Cada trabajador recibirá un aporte equivalente a 20 por ciento de su remuneración y el empleador recibirá otro 10 por ciento. El costo estimado de esta iniciativa es de 102 millones de dólares al año. A ella se sumará la ampliación del seguro de cesantía, que debería convertirse en ley durante este mes.
Una de las medidas más conflictivas fue la que propone capitalizar a la firma estatal minera Codelco en 1.000 millones de dólares para mantener su plan de inversión, considerando la baja del precio internacional del metal, el principal producto de exportación de Chile. Analistas expresaron sospechas de que estos recursos son para compensar pérdidas.
En este caso, la última palabra la tendrá el parlamento, ya que la capitalización de la minera se incluirá en el proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de esta empresa, actualmente en trámite legislativo.
Paralelamente, el gobierno entregará 100 millones de dólares a la gubernamental Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
"Cada peso de estas nuevas inversiones se ejecutará oportuna y eficientemente. Lo he dicho y lo reitero: con los recursos de los chilenos no se juega", declaró Bachelet.
En otro ámbito, después de conocerse la inflación de diciembre, que tuvo una variación negativa de 1,2 por ciento, la presión de economistas recae ahora sobre el Banco Central para que baje la tasa de interés de referencia, actualmente de 8,25 por ciento, para reactivar la economía.
A juicio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical del país, las empresas están utilizando la crisis económica como pretexto para bajar costos a través de despidos y para establecer mecanismos de flexibilidad laboral que perjudican a los empleados.
Esta semana, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, ha sostenido reuniones con dirigentes sindicales de dos multitiendas desde donde fueron despedidas 1.400 personas.
En estos momentos, la polémica está centrada en la entrada en vigor de la ley que modifica el Código el Trabajo en materia de salario base, conocida como "ley de la semana corrida", que beneficia a empleados con sueldo mensual y mixto.
Según los empresarios, esta nueva normativa, que empezará a regir el 21 de este mes, se traducirá en un aumento excesivo de costos en medio de la crisis económica. Mientras el gobierno se ha abierto a la posibilidad de realizarle cambios a la ley vía decreto, los trabajadores han amenazado con protestas si ello ocurre.
"Estamos viendo la posibilidad de generar una gran movilización en enero y estamos preparando el paro nacional de actividades para abril, porque la crisis no la vamos a pagar nosotros", declaró Martínez, de la CUT.
Para Carmen Espinoza, la crisis nacida en Estados Unidos ha dejado una vez más al desnudo los problemas estructurales del país, "que no se resuelven con los paquetes (de ayuda del gobierno)".
El modelo económico "no ofrece a la sociedad chilena seguridad social de verdad. Hoy día el trabajador chileno tiene que pagar con su sueldo educación, salud, vivienda y otros servicios básicos", dijo.
Otro grave problema interno, al cual todavía no se le ha dado la importancia debida, es el enorme grado de endeudamiento de las familias chilenas, observó Espinoza.
"Hoy día el endeudamiento puede llegar hasta 25 veces (el salario del trabajador), lo que es insostenible", acotó. En el corto plazo esta situación puede derivar en "otra crisis o turbulencia", advirtió.
