Incompatibilidad entre el cargo de dirigente sindical y vicepresidente del PS

El 16 de enero, Arturo Martínez fue elegido vicepresidente del Partido Socialista. Algunos allí hablaron de que no podía, por su condición de presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pero el proceso siguió adelante. Según la Constitución y la Ley de Partidos Políticos, el dirigente quedó en una encrucijada, pues estaría obligado a dejar su puesto sindical.

"Por cierto que debe aplicarse esa norma. Martínez ya no puede ser el presidente de la CUT", dice el diputado Edmundo Eluchans (UDI). La incompatibilidad preocupa a La Moneda, que defiende el derecho del sindicalista amparándose en el argumento de que lo escrito en la Constitución está en desuso.

La letra muerta

El artículo 23 de la Carta Fundamental establece que son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con similares puestos de los partidos políticos.

La Ley 18.593, en sus artículos 10 y 16, plantea que son los tribunales electorales regionales los encargados de declarar aquellas incompatibilidades. Los abogados citan otra ley, la N° 18.603, sobre partidos políticos, que en su artículo 23 afirma que la persona que tenga puestos en una institución sindical y en otra política deberá optar por uno en un plazo de tres días desde que fue designada para la última responsabilidad. "En caso de que no lo hiciere, cesará en el cargo que desempeñaba con anterioridad", determina. El abogado Jorge Jaraquemada, de la Fundación Jaime Guzmán, alega que por el solo imperio de la ley Martínez ya no dirige la CUT.

"Considero que el artículo 23 de la Constitución es letra muerta. Nunca ha sido aplicado", responde el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. Porque está en desuso, agrega. Eluchans retruca que él mismo, en 1998, cuando Pablo Longueira le ofreció un puesto directivo en la UDI, renunció a la vicepresidencia del Colegio de Abogados.

"Eso demuestra que no está en desuso", opina el senador Jovino Novoa (UDI).

A juicio de Viera-Gallo, lo del artículo 23 es un resabio de la visión corporativista que impregnó la Constitución de 1980, que pretendía separar el poder social del político.

"Para nada. Esa opinión demuestra que no se han estudiado bien las actas del debate que hubo en el Consejo de Estado", contesta Juan de Dios Carmona, ex senador e integrante de la Comisión Ortúzar, redactora del anteproyecto de la Carta Fundamental vigente. "Ese artículo fue muy discutido. Hasta 1973, observamos que hubo un aprovechamiento de algunos dirigentes sindicales para incursionar en la política, lo que resultaba en un perjuicio evidente para sus sindicatos, que no deben tener color político", asegura.

El constitucionalista democratacristiano Patricio Zapata no concuerda con Viera-Gallo en que sea letra muerta por estar en desuso, pero subraya que, aunque parezca paradójico, el artículo es inconstitucional. "Porque ya se ha cambiado el 90% de la Constitución hacia un sentido distinto. El Tribunal Constitucional puede modificarlo, pero sólo si llega primero a los tribunales ordinarios", describe.

Jaime Gajardo, segundo en jerarquía en la CUT, considera una aberración el artículo. Diego Olivares, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y adversario de Martínez, tampoco lo valida: "Es discriminatorio, porque los empresarios pueden ser dirigentes y políticos".

La visión en el PS

En el PS el asunto no ha sido ventilado. El diputado Marcelo Díaz disputó en primera instancia la vicepresidencia con Martínez. "Nunca supimos de esto", dice.

Para Ricardo Solari, también vicepresidente del PS, la norma es absurda. Y apunta que el titular de la CUT no integra la directiva "formal" del partido -compuesta por presidente, secretario y tesorero-, sino la "real". Eluchans le replica: "Es obvio que el vicepresidente es un cargo de la directiva superior de un partido".

Pese a que "El Mercurio" le dejó mensajes a la secretaria de Martínez el lunes, martes y miércoles, el dirigente no respondió las llamadas.

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CUT
A fines de agosto de 2008, Arturo Martínez fue reelecto con la primera mayoría como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

P. Socialista
El 16 de enero de 2009, Martínez fue designado por mayoría como vicepresidente del Partido Socialista, en reemplazo de Mahmud Aleuy.
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por ello es que el tribunal electoral regional el que de oficio debe declarar la incompatibilidad de Martínez, pero Juan Enrique Ramírez, oficial primero del primer tribunal regional de Santiago, comenta que esos artículos están derogados tácitamente por leyes posteriores (como la de partidos políticos), y explica que ellos no pueden actuar de oficio.

La ley plantea que sólo una persona con interés puede presentar el reclamo, como un dirigente sindical. Jorge Pavez, representante de Fuerza Social y adversario de Martínez, descarta ejercer ese derecho, aunque apoyó un requerimiento por supuestos vicios en los comicios de agosto. es el Tribunal Constitucional el que en última instancia debe zanjar el debate. El ministro José Antonio Viera-Gallo, en cambio, cree que la declaración de incompatibilidad forma parte de un vacío legal: "No hay cómo reclamar eso".