CONVOCATORIA, CONMEMORACION 11 DE SEPTIEMBRE
A conmemorar los 35 años del más flagrante atropello a los derechos humanos sufridos por el pueblo de Chile, el Golpe Militar, convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, a las instituciones de nuestro país y a todos los chilenos y chilenas a hacer de este 11 de septiembre una jornada de compromiso con la construcción de un país donde la verdad y la justicia sean lecciones de humanidad para que estos hechos no puedan jamás repetirse.
Quienes hacemos este llamado, lo hacemos en la más profunda convicción de que el Nunca Más se construye sólo en una sociedad donde la plena democracia y la justicia social, permiten a los ciudadanos ser garantes del pleno respeto a los derechos humanos en cada una de sus expresiones.
Por ello, vemos con preocupación que en los últimos años se ha ido desdibujando la frontera ética del compromiso más incondicional con el respeto a los derechos humanos, y la condena sin vacilaciones a quienes atentan contra ellos. Escuchamos voces que se levantan para proponer la entrada a las más altas magistraturas a quienes han dado cobertura a las más atroces violaciones a los derechos humanos y aún hay quienes pugnan por cerrar rápidamente casos pendientes con condenas simbólicas, en las que no están ajenas las espurias prescripciones e incluso los intentos por aplicar el DL de Amnistía, mientras que por otra parte se desalientan los juicios históricos por la vía de la restricción de recursos para la defensa judicial o su exclusión de importantes iniciativas legislativas de derechos humanos.
Símbolo de este estado de impunidad es que de todos los crímenes cometidos por la dictadura, sólo 79 tienen procesos abiertos.
Pero asimismo manifestamos nuestra consternación frente a la instalación de un verdadero estado policial, caracterizado por un alza en la represión callejera, cuyos métodos nos recuerdan preocupantemente a los utilizados por la dictadura en la década de los 80, así como una grave ofensiva de restricciones a las libertades públicas, coincidiendo con un aumento significativo de la movilización.
Así, asistimos a un verdadero despojo cada vez mayor de los derechos de las personas:
Los trabajadores son discriminados, sometidos a jornadas incompatibles con la vida familiar, humillados en el trato diario, perseguidos en su legítima actividad sindical; los pueblos originarios son despojados de sus tierras, acorralados prácticamente en reservas, donde además se les somete a vigilancia constante y abusos incluso contra niños, mujeres y ancianos. En estos días hace noticia y capta la solidaridad internacional la detención de la videísta Elena Varela.
Es expresivo constatar que el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisternas; de los jóvenes mapuches, Alex Lemún y Matías Catrileo, tanto como la grave agresión al reportero gráfico de EFE, por nombrar una de tantas, tienen como denominador común el culminar investigaciones sin culpables.
Las imágenes de profesores, niños y adolescentes sometidos a la represión policial, arrastrados del pelo, golpeados con furia por efectivos de Fuerzas Especiales, por el hecho de resistir la imposición de una ley de Educación que los afecta directamente, recorren el mundo provocando sorpresa e indignación.
Nos rebelamos ante la posibilidad de que como pueblo nos acostumbremos a que cada manifestación social, termine en golpes, heridos, gases lacrimógenos o que sea un hecho normal que en virtud del DL XXX se restrinja el derecho constitucional a desplazarse por las calles libremente y sin previa autorización.
Así, reivindicamos desde ya nuestro derecho a rendir un homenaje en su centenario a Salvador Allende, pasando junto a La Moneda sin ningún tipo de restricciones.
No olvidamos que la motivación última de los crímenes de la dictadura no fue otra que la imposición de un orden económico y social que hasta hoy nos oprime, por lo tanto junto con perseguir a los culpables materiales de aquellas violaciones, apuntamos a la restitución de uno de los derechos que hasta hoy se violan al amparo de la Constitución del 80 y que no es otro que el derecho a no ser excluidos de la democracia, de la economía y la justicia social.
Ello retoma más fuerza cuando se conmemoran 100 años del natalicio del presidente SALVADOR ALLENDE, cuyo derecho constitucional a gobernar Chile y a llevar adelante el programa de transformaciones aprobado democráticamente por los chilenos, fue el primero en ser conculcado, antes aún que su derecho a la vida.
Levantamos por ello el nombre del presidente mártir, para exigir justicia y verdad para cada una de las violaciones a los derechos humanos, pero también cómo símbolo de ese sueño inconcluso que reivindicamos como plenamente vigente.
Tenemos derecho a la verdad, a la justicia, tenemos derecho a reunirnos, a organizarnos, a movilizarnos en pos de las ideas más diversas y luchar por ellas sin más restricción que el derecho de otros.
Invitamos a todos los chilenos a marchar para construir un país distinto, con más democracia y justicia social, en la convicción de que cada paso en este sentido constituye una garantía para que Nunca Más.
Quienes hacemos este llamado, lo hacemos en la más profunda convicción de que el Nunca Más se construye sólo en una sociedad donde la plena democracia y la justicia social, permiten a los ciudadanos ser garantes del pleno respeto a los derechos humanos en cada una de sus expresiones.
Por ello, vemos con preocupación que en los últimos años se ha ido desdibujando la frontera ética del compromiso más incondicional con el respeto a los derechos humanos, y la condena sin vacilaciones a quienes atentan contra ellos. Escuchamos voces que se levantan para proponer la entrada a las más altas magistraturas a quienes han dado cobertura a las más atroces violaciones a los derechos humanos y aún hay quienes pugnan por cerrar rápidamente casos pendientes con condenas simbólicas, en las que no están ajenas las espurias prescripciones e incluso los intentos por aplicar el DL de Amnistía, mientras que por otra parte se desalientan los juicios históricos por la vía de la restricción de recursos para la defensa judicial o su exclusión de importantes iniciativas legislativas de derechos humanos.
Símbolo de este estado de impunidad es que de todos los crímenes cometidos por la dictadura, sólo 79 tienen procesos abiertos.
Pero asimismo manifestamos nuestra consternación frente a la instalación de un verdadero estado policial, caracterizado por un alza en la represión callejera, cuyos métodos nos recuerdan preocupantemente a los utilizados por la dictadura en la década de los 80, así como una grave ofensiva de restricciones a las libertades públicas, coincidiendo con un aumento significativo de la movilización.
Así, asistimos a un verdadero despojo cada vez mayor de los derechos de las personas:
Los trabajadores son discriminados, sometidos a jornadas incompatibles con la vida familiar, humillados en el trato diario, perseguidos en su legítima actividad sindical; los pueblos originarios son despojados de sus tierras, acorralados prácticamente en reservas, donde además se les somete a vigilancia constante y abusos incluso contra niños, mujeres y ancianos. En estos días hace noticia y capta la solidaridad internacional la detención de la videísta Elena Varela.
Es expresivo constatar que el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisternas; de los jóvenes mapuches, Alex Lemún y Matías Catrileo, tanto como la grave agresión al reportero gráfico de EFE, por nombrar una de tantas, tienen como denominador común el culminar investigaciones sin culpables.
Las imágenes de profesores, niños y adolescentes sometidos a la represión policial, arrastrados del pelo, golpeados con furia por efectivos de Fuerzas Especiales, por el hecho de resistir la imposición de una ley de Educación que los afecta directamente, recorren el mundo provocando sorpresa e indignación.
Nos rebelamos ante la posibilidad de que como pueblo nos acostumbremos a que cada manifestación social, termine en golpes, heridos, gases lacrimógenos o que sea un hecho normal que en virtud del DL XXX se restrinja el derecho constitucional a desplazarse por las calles libremente y sin previa autorización.
Así, reivindicamos desde ya nuestro derecho a rendir un homenaje en su centenario a Salvador Allende, pasando junto a La Moneda sin ningún tipo de restricciones.
No olvidamos que la motivación última de los crímenes de la dictadura no fue otra que la imposición de un orden económico y social que hasta hoy nos oprime, por lo tanto junto con perseguir a los culpables materiales de aquellas violaciones, apuntamos a la restitución de uno de los derechos que hasta hoy se violan al amparo de la Constitución del 80 y que no es otro que el derecho a no ser excluidos de la democracia, de la economía y la justicia social.
Ello retoma más fuerza cuando se conmemoran 100 años del natalicio del presidente SALVADOR ALLENDE, cuyo derecho constitucional a gobernar Chile y a llevar adelante el programa de transformaciones aprobado democráticamente por los chilenos, fue el primero en ser conculcado, antes aún que su derecho a la vida.
Levantamos por ello el nombre del presidente mártir, para exigir justicia y verdad para cada una de las violaciones a los derechos humanos, pero también cómo símbolo de ese sueño inconcluso que reivindicamos como plenamente vigente.
Tenemos derecho a la verdad, a la justicia, tenemos derecho a reunirnos, a organizarnos, a movilizarnos en pos de las ideas más diversas y luchar por ellas sin más restricción que el derecho de otros.
Invitamos a todos los chilenos a marchar para construir un país distinto, con más democracia y justicia social, en la convicción de que cada paso en este sentido constituye una garantía para que Nunca Más.
POR LA DEMOCRACIA, CON ALLENDE, NO A LA IMPUNIDAD
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
